Las convocatorias, emitidas el pasado 19 de octubre, contienen una disposición general que especifica que "sólo calificarán las personas que no fueron afectadas por la fase II de la Ley Num. 7 del 9 de marzo de 2009, según enmendada, conocida como Ley Especial Declarando Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico".

"Entendemos que la imposición que prohibe competir es discriminatoria", sostuvo el sábado la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz.

"Esas plazas ya están comprometidas. Por eso creemos que las convocatorias son pro forma. Ese es el mensaje que envía la convocatoria", agregó.

Díaz aseguró que entre el personal despedido por el Departamento de Educación como resultado de la Ley 7 hay gente sobrecualificada que pudiera realizar a la perfección las labores que se señalan.

"Estamos exhortando a todo el que cualifique a que solicite, de tal manera que podamos comprobar que hay discrimen contra esas personas", indicó la líder magisterial.

Algunas de las posiciones convocadas son subdirector regional de educación especial, oficial de programas federales regional, subdirector regional de asuntos académicos y subdirector regional de actividades co-curriculares, entre otras.

Llamadas realizadas a la secretaria auxiliar de Recursos Humanos del Departamento de Educación, Brenda Virella Crespo, no fueron contestadas.

Por su parte, el presidente de la Federación de Maestros, Rafael Feliciano, aclaró que las convocatorias son para personal gerencial, pero catalogó como "injusto" lo que está haciendo Educación.

Feliciano explicó que como parte de los despidos, Educación desmanteló parte del programa que manejaba fondos federales y luego se dio cuenta de que eso podía poner en peligro dichos fondos.

"Sin embargo, a todas luces han puesto una disposición discriminatoria. Eso demuestra que hay un elemento de persecución política y que están tratando de compensar el error de haber despedido a las personas que ya estaban adiestradas. El problema es que no optan por revertir las cesantías sino contratar a otras personas que no están adiestradas", opinó.