La Cámara de Representantes aprueba una medida a tales efectos

EL CAPITOLIO (CyberNews) – La Cámara de Representantes aprobó el lunes con el rechazo de la minoría popular, el proyecto que propone una enmienda al Código Penal, a fin de tipificar como delito la obstrucción y paralización de obras.

“Nunca me ha dejado de sorprender la livianidad con que las personas entregan derechos constitucionales, la facilidad con la que se puede restringir un derecho y siempre encuentran algo que les parece de un interés superior”, destacó el representante de la Pava, Charlie Hernández.

“Ahora tenemos ante nosotros la nueva versión producto del bolígrafo sabio de alguien que se dice llamar El Chuchin”, añadió, haciendo referencia al senador Antonio Soto, quien es el autor de la medida aprobada en el Alto Cuerpo el pasado 18 de junio.

Durante su turno, Hernández indicó que si una persona altera la paz comete un delito, pero “a pesar de la claridad de nuestro ordenamiento esto no es suficiente para El Chuchin”.

Reiteró que se aprueba esta legislación no sólo para macanear al que se oponga el gasoducto, sino “para meterlo preso”.

Las expresiones de Hernández fueron posteriores a la presentación del informe positivo, acción que recayó sobre la presidenta de la Comisión de lo Jurídico y Ética, Liza Fernández.

Fernández subrayó que procedió a radicar el documento que recomendaba la aprobación de la pieza legislativa, después de analizar las ponencias del Departamento de Justicia, la Comisión de Derechos Civiles y la Asociación de Contratistas Generales.

Varios miembros de la delegación novoprogresista, entre ellos Luis “Tato” León, insistieron en que la enmienda al Código Penal no restringe el derecho a la libre expresión y aseguraron que el proyecto no pretende amedrentar a quien proteste por la construcción de Vía Verde o gasoducto del norte.

“Lo que le están diciendo a la gente es: esto es lo que les viene pa’ encima si ustedes quieren defenderse o defender a Puerto Rico. Les viene pa’ encima un delito de la más alta severidad imaginable, contrario al derecho constitucional”, dijo por su parte el legislador de la tolda roja, Luis Vega Ramos.

La medida fue aprobada en momentos en que crece en el País la oposición a la construcción del gasoducto del norte, proyecto de infraestructura que ha sido rechazado por diversos grupos comunitarios, así como por ambientalistas.