El Capitolio – El Senado informó el lunes que la Comisión de Hacienda rindió un informe parcial, que revela las situaciones presupuestarias de los últimos años de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, que desembocaron alegadamente en un déficit estructural de $3.2 billones.

El informe, producto de la Resolución del Senado 108 que ordenó a la Comisión hacer una evaluación continua del comportamiento de ingresos y gastos hasta el año fiscal 2011-2012, indica que de haberse continuado bajo la estructura de ingresos y gastos en los próximos tres años fiscales, además del 2008-2009, también podrían reflejar deficiencias estimadas en $3,000 millones por año.

“Estas deficiencias representan casi el 40% de los ingresos recurrentes. Esta situación es el resultado de ocho años durante los cuales la Rama Ejecutiva no tomó las medidas necesarias parea establecer un presupuesto balanceado”, indica en el informe.

Por otro lado, el informe también refleja que uno de los graves problemas que tuvo el presupuesto fiscal 2008-2008, último propuesto por Acevedo Vilá, es que no tuvo en consideración las condiciones económicas reales de la Isla, a pesar de que el país ya llevaba tres años de recesión.

Para ese año último presupuesto, la Junta de Planificación estimó un crecimiento real del Producto Nacional Bruto de 2.1% y en términos corrientes de un 7.1%.

Según el informe, esto significa una discrepancia de 5.5% al compararse con el decrecimiento económico de un 3.4% para el año fiscal 2009.

“Las proyecciones de la JP nunca se produjeron, al contrario, fueron totalmente negativas, lo que provocó que los ingresos se quedaran por debajo del presupuesto aprobado en unos $824 millones, según el estimado original”, reza el informe.

De acuerdo al informe, la administración popular trató de “aparentar” que estaba recomendando un presupuesto balanceado al someter el proyecto de la Corporación de la Lotería, que daría concesiones de hasta 50 años a la empresa privada, por el que se recibirían hasta $500 millones.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa no aprobó la medida, por entender que no era una alternativa para cuadrar dicho presupuesto, debido a que se necesitaba no menos de un año para analizar y valorizar el rendimiento de los activos y de la Lotería Electrónica para poder cualificar la transacción.

Igualmente, la Legislatura descartó otra medida que combinaba un Impuesto a la Venta y Uso (IVU) municipal con el antiguo sistema de arbitrios.

De hecho, el análisis financiero de la Asamblea Legislativa fue que habría una reducción en los ingresos del Fisco y un aumento contributivo al bolsillo del pueblo.

En otra parte del informe, se estipula que luego de ver el verdadero gasto de la pasada administración, se descubrieron deudas interagenciales del Gobierno ascendentes a $776 millones, y que aunque las agencias alegaban tener dinero para cumplir con los acuerdos con las uniones, no los tenían.

La Comisión de Hacienda recordó que el Departamento de Educación dijo en vistas públicas de presupuesto, que para pagar los convenios colectivos dejaría de pagar a la Autoridad de Edificios Públicos $100 millones en rentas.

Finalmente, la Asamblea Legislativa disminuyó su presupuesto en sobre $2.3 millones para el año fiscal 2008-2009.

Del informe se desprende que la administración actual descubrió posteriormente gastos no presupuestados por la cantidad de $1,349 millones.

“El déficit proyectado en los ingresos de $884 millones; más los $1,000 millones financiados por el Banco Gubernamental de Fomento, y los gastos no proyectados de $1,349 millones resultaron en un déficit estructural de $3,233 millones para el año fiscal 2008-2009”, se sostiene en el informe parcial, que presenta otra serie de datos y cifras.

Además, menciona el informe, que cuando al gobierno actual le correspondió administrar los seis meses restantes de presupuesto 2008-2009, se vio obligado a tomar medidas más drásticas porque los ingresos no se comportaron como estimó la pasada Junta de Planificación.

Una revisión económica de la JP para febrero de 2009 sobre el alegado crecimiento de 2.1%, certificó una contracción de 3.4%.

El informe parcial propuso implantar medidas ejecutivas, legislativas y administrativas dirigidas a recortar gastos, restaurar controles fiscales, amentar ingresos y evitar que todas las agencias gasten en exceso de sus partidas presupuestarias y de los ingresos disponibles.

De hecho, indica el informe que el actual Gobierno ya tomó una serie de medidas al respecto.

A su vez, el Senado se propuso colaborar con el Gobierno para reducir la carga contributiva, controlar el gasto gubernamental, reducir la burocracia, establecer nuevos incentivos contributivos al sector privado y crear las condiciones favorables para una mayor inversión de capital privado y la consecuente creación de empleos.

Sin embargo, para el senador Cirilo Tirado, el informe deja al descubierto actuaciones de la pasada Asamblea Legislativa, controlada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), que contribuyeron a la actual crisis fiscal del Gobierno.

“Aún cuando el constante libreto del PNP ha sido imputarle de forma exclusiva los problemas fiscales a la pasada administración ejecutiva, el informe parcial reconoce actuaciones de la pasada Asamblea Legislativa que claramente trastocaron y agravaron la ya delicada situación financiera y presupuestaria de la Rama Ejecutiva,” expresó el también portavoz de la delegación PPD en dicha Comisión.

Según Tirado, el informe parcial presenta, de forma acomodaticia, problemas con el presupuesto de gastos operacionales del 2008-09, cuando la Asamblea Legislativa, especialmente la Comisión de Hacienda, tuvo injerencia en las determinaciones que provocaron el descalabro fiscal.

“Lamentablemente el informe parcial se utiliza para justificar la política pública de la administración Fortuño de empeñar el crédito de futuras generaciones al embrollar al País con unos $6,500 millones en deudas en escasamente un año, que en nada han mejorado la situación económica del ciudadano puertorriqueño, y justificar la aprobación de la nefasta Ley Número 7 que impuso nuevos impuestos a la clase trabajadora y que ha provocado el despido de miles de empleados públicos.  Le recordamos a la compañera Migdalia Padilla que ella, como Presidente de la Comisión de Hacienda, fue parte y copartícipe del problema que ahora tanto critica”, puntualizó el Senador.