McClintock señaló que cuando esa opción fue propuesta a los trabajadores gubernamentales en mayo, "sólo un puñado de ellos" se acogió, en parte porque las uniones le sugirieron que no la aceptarán.

"Si eso se implantará ahora habría que reducir la jornada laboral en un 40%, quiere decir que el que gana 2,000 dólares ganaría $1,200, en vez de trabajar cinco días a la semana, trabajaría tres, y eso crearía una disrupción económica enorme", sostuvo en entrevista radial (WKAQ).

"Tu tuvieras 200,000 personas que no tendrían dinero para pagar su renta o hipoteca, para pagar su préstamo de carro, para pagar la mueblería y para pagar los gastos de los nenes", añadió.

Al menos 2,097 empleados públicos —679 de ellos unionados— se unirían este viernes a las filas del desempleo y posiblemente de la beneficiencia pública.

Ello, como parte de los casi 17,000 despidos de la segunda ronda de cesantías decretadas por el gobernador Luis Fortuño para atajar un déficit de 3,200 millones de dólares.

El resto de los despidos entrarán en efecto en enero, unos porque esa era su fecha inicial y otros porque fueron pospuestos para corregir errores en el proceso legal de notificación a los sindicatos que representan a los cesanteados.

La JREF estimó que finalmente serán despedidos 14,521 empleados de los 16,970 que recibieron cartas de cesantía a partir del 25 de septiembre.

Durante una primera fase de despidos ejecutada en mayo, fueron cesanteados 7,816 servidores públicos, pero el total neto quedó en 4,802 debido a que se volvieron a reclutar maestros transitorios para el nuevo curso escolar.