Los presidentes de Cámara y Senado

SAN JUAN (AP) — Los presidentes de los cuerpos legislativos, Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz, se expresaron en contra de los despidos en el sector público anunciados el viernes, aunque reconocieron que no pueden hacer nada para revertirlos.

"El presidente del Banco (Gubernamental de Fomento, Carlos García) dijo que con éstos se acaban los despidos. Esto es lo que hay, no nos gusta, pero lamentablemente no se puede hacer nada", dijo González en conferencia de prensa conjunta.

Por su parte, Rivera Schatz lamentó los despidos y criticó que el Departamento de Hacienda no haya sido eficiente cobrando la deuda contributiva que asciende a 3,600 millones de dólares que es superior al déficit de 3,200 millones, los que hubiese evitado los despidos.

"No queremos los despidos, yo no estoy satisfecho... creo que se falló en esa gestión, creo que se debió ser más diligente", dijo Rivera Schatz al precisar que de esa deuda contributiva 1,558 millones pertenecen a corporaciones morosas.

Ambos presidentes responsabilizaron a los funcionarios de la administración del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá por los despidos realizados por el gobierno de Luis Fortuño y advirtieron que no descansarán hasta que sean procesados por supuestamente haber engañado y presentado presupuestos inflados de estimados de recaudos y gastos a la anterior legislatura, también controlada por el Partido Nuevo Progresista.

"En el cuatrienio anterior mintieron bajo juramento y vamos a estar pendientes de que cada uno de ellos paguen porque son los responsables de los despidos de hoy", sostuvo González.

Indicaron que trabajarán en varios proyectos de ley para ayudar a la recuperación de la economía fiscal del gobierno que incluyen la creación de unidades especializadas para el cobro del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) y de la deuda contributiva.

También trabajarán una legislación para promover la autotasación de propiedades, para que los contribuyentes entren al sistema de cobro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y eximir a esos contribuyentes del pago y cargo por penalidades de los últimos cinco años.

Ello, porque según el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio Silva, en el país hay alrededor de 600,000 propiedades que no están registradas en el CRIM.