Dos colectivos que reúnen a residentes del histórico barrio de Puerta de Tierra, en San Juan, denunciaron hoy que los inversionistas de la Ley 60 están comprando edificios completos en ese lugar para botar a residentes que llevan años viviendo en la zona.
Caroline Sánchez, portavoz de Puerta de Tierra No Se Vende y Brigada PDT, reveló que llevan luchando con esto desde hace dos décadas. Sin embargo, recientemente se ha empeorado porque los beneficiarios de la Ley 60, antes conocida como la Ley 22, adquieren el lugar y le dan 30 días a las personas para abandonarlo antes de convertirlo en un alquiler a corto plazo como lo son los Airbnb.
Sánchez añadió que en Puerta de Tierra solo quedan cuatro residenciales públicos.
El 22 de marzo, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueña (PIP) realizó una conferencia para denunciar una patrón de compras de estructuras por inversionistas en esa misma zona. La legisladora presento un diagrama que mostraba unos 30 lugares adquiridos por estas personas.
