Los arrendatarios o compradores de bajos y moderados ingresos actualmente tienen que competir por unidades de vivienda en Puerto Rico con personas de ingresos más altos. Esto ante un limitado número de unidades para la venta o alquiler a su alcance en el mercado privado.

Miles buscan y no encuentran una vivienda digna y segura. La falta de vivienda asequible, para la población de ingresos bajos y moderados se ha convertido en un problema social de grandes proporciones. Investigamos y presentamos el informe especial ¿Casas pa' quien en Puerto Rico?

Con experiencia en la defensa de comunidades contra desalojos, la licenciada González Rodríguez está familiarizada con la crisis de vivienda en la isla, donde cada vez aumenta el empobrecimiento de las familias que tienen que invertir más del 40 porciento de sus ingresos en gastos de vivienda, ya sea por concepto de areendamiento o préstamo hipotecario.

Pero lo cierto es que hay muy pocas propiedades en venta en el rango de los 100 mil dólares y las existentes probablemente no cumplen con la expectativa de clientes que buscan buena localización y calidad de vida para sus familias.

Aunque en el Departamento de la Vivienda no tienen datos precisos sobre el déficit de unidades o techos para familias de limitados recursos, miles están anotados en la lista de espera de la agencia para proyectos de vivienda pública y el programa de la sección 8 de vales para alquiler.

Tras destacar que la crisis de vivienda nos afecta a todos por igual, la directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico imputo al gobierno reponder a la preocupante situación como si tratara de cualquier otro negocio.

Irónicamente, en medio de la escasez de vivienda asequible, de acuerdo al censo federal hay 300 mil casas abandonadas o en ruinas, estorbos públicos.

En lo que va de año se han presentado 800 demandas para ejecución de hipotecas. El 30 de septiembre vence la moratoria de desalojo para los propietarios de vivendas financiadas o garantizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Dicha moratoria paralizó el proceso legal que pudiera concluir con la ejecución de hipotecas, osea la pérdida de hogares para miles de familias en la isla.