Un operativo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) culminó esta madrugada con el arresto de siete personas por un esquema delitos contra la Ley de Crimen Organizado, mejor conocida como la RICO Act, en los muelles del puerto de San Juan.
Según la Fiscalía federal, desde 2005 pequeñas empresas navieras que operan en el puerto de San Juan han sido objeto de amenazas para obtener dinero ilegalmente. El esquema afectó comercio interestatal e internacional entre Puerto Rico e Islas Vírgenes Británicas y Americanas.
El pasado jueves gran jurado federal emitió una acusación contra el dueño de la empresa JCPY Inc., Pedro Pastrana González, y su exesposa Iara Clemente Rivera, el presidente de la Unión de Trabajadores de los Muelles ILA 1740, Carlos Sánchez Ortiz, y el empleado de la Autoridad de Puertos Jorge Batista Maldonado. Estos formaban parte de una empresa criminal (JCPY) desde 2005 al 2022 que recolectó ilegalmente el pago de las empresas navieras que operan en los muelles 9, 10 y 11 del puerto de San Juan.
Esos muelles son una sección específica donde compañías navieras manejaban pequeños cargamentos que se movían hacia y desde Puerto Rico a las Islas Vírgenes Británicas y Americanas.
Mira aquí la conferencia de prensa de las autoridades federales:
Pastrana González, Clemente Rivera, Sánchez Ortiz y Batista Maldonado le ordenaban, falsamente, a las navieras que tenían que pagar una tarifa para no usar a los empleados de ILA 1740 y poder utilizar su propia tripulación para trabajo portuario, aunque para esto solo tenían que solicitar permiso al Departamento de Trabajo Federal. Estos acusados ocultaban el dinero que JCPY cobraba ilegalmente como pagos a un plan de beneficios de empleados titulado "Plan de Bienestar".
Víctor F. Torres Barroso, José A. Fernandez Cruz y Carlos Hernández Laguer también están acusados por participar en el esquema para tomar fondos ilegalmente y falsificar registros del "Plan de Bienestar".
Los acusados amenazaban a las navieras con bloquear el acceso de sus barcos a la carga mediante protestas y piquetes de miembros de la Unión ILA 1740 si no se pagaban las tarifas. El dinero cobrado lo usaban para enriquecimiento ilegítimo y no para miembros y beneficios de ILA 1740.
Asimismo, Pastrana González y Rivera Clemente aceptaron que Torres Barroso, Fernández Cruz, Hernández Laguer realizaran "chimbos" para Clemente Rivera. "Chimbo", según la Fiscalía Federal, es una palabra que usan los trabajadores de los muelles cuando usan la tarjeta de otra persona unionada para hacer creer que ese miembro está trabajando. Como era Clemente Rivera quien aparecía laborando eso le contaba para el requerimiento de horas trabajas y, de esta forma, cualificar para los beneficios del "Plan de Bienestar".
JCPY Inc. no tenía empleados que realizaran trabajos ni brindaba servicios a ninguna de las navieras. Las navieras que pagaban a JCPY no recibían ningún tipo de servicio de la empresa. Los miembros de la empresa y coconspiradores depositaron el dinero producto de los cobros de tarifas ilegales en la cuenta bancaria de JCPY y transfirieron algunos de los ingresos de los esquemas al plan de bienestar de los empleados unionados.
La acusación tiene una alegación de confiscación de $1,184,524.26, un vehículo, un bote y una residencia.
La acusación contiene un total de siete cargos por conspiración, fraude, lavado de dinero, fraude electrónico, fraude a planes médicos y violaciones a las leyes laborales estadounidenses.
