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Ayuda legal para los afectados por el gasoducto

por: CyberNews - hace 7 años

Está surgiendo ayuda gratuita para los ciudadanos que hayan recibido notificaciones de expropiación

SAN JUAN (CyberNews) - Un nutrido grupo de abogados y abogadas ofrecerán servicios legales gratuitos a  las personas que deseen cuestionar la expropiación incoada por el gobierno para la pretendida construcción del Gasoducto.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) a través de Pro Bono Inc., la Clínica de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA, Inc.), y Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. (SLPR), forman parte de este esfuerzo.

“Que sepa el gobierno que aquí hay abogados y abogadas solidarios con estas personas, algunas de edad avanzada y que vamos a exigir que se le respeten sus derechos, vamos a exigir igualdad”, indicó el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo.

Durante el pasado año, los residentes de Utuado, Peñuelas y Adjuntas han estado recibiendo cartas de la empresa New Star Acquisition, contratada por la AEE para realizar los trámites relacionados a la expropiación de fincas y residencias a lo largo de la ruta.

“Con los primeros emplazamientos diligenciados a varios residentes, el gobierno ha causado mucha intranquilidad y desasosiego en las personas y comunidades que residen en la ruta propuesta para el gasoducto”, dijo por su parte, el licenciado Charles S. Hey Maestre, director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico.

De otra parte, Pedro Saadé Lloréns, profesor de la Clínica de Derecho Ambiental de la UPR sostuvo que “estas expropiaciones son totalmente injustificadas pues se basan en un proyecto que no solamente es dañino para el país sino que además no tiene los permisos necesarios para su construcción”.

Por su parte, una de las integrantes de ANDA, Inc., la Lcda. Ada Celma Soto Padilla, indicó que “uno de los propósitos de nuestra organización es atender el serio problema de justicia social que existe en nuestro país.  Tenemos un deber de asesorar y ofrecer información útil y necesaria a las comunidades de escasos recursos que deseen cuestionar este proyecto que, de por sí, atenta contra la seguridad y salud de los puertorriqueños.  Estos señalamientos sobre seguridad no se han atendido todavía por ningún Tribunal”.

“Todo esto se da en un contexto y una realidad social que no podemos obviar. Se trata de un gobierno que solo responde a los intereses de los ricos.  El director de la AEE concedió la solicitud de los Fonalledas para cambiar la ruta del gasoducto y no tener que expropiar sus propiedades.  Nosotros vamos a exigir que se le respeten los derechos a los pobres que ya están siendo  afectados por las expropiaciones”, indicó el licenciado Carlo Rivera Turner.

La licenciada Yanira Belén Cruz, quien es voluntaria del panel de abogadas de Pro Bono Inc., ya asumió representación legal en uno de los casos ante el Tribunal de Primera Instancia.

“Tenemos un deber moral de asistir a las personas indigentes que el gobierno pretende expropiar para la construcción del gasoducto, un proyecto que no cuenta con los permisos necesarios para su construcción y que, peor aún, no cuenta con el permiso del pueblo, de la gente, un proyecto que atenta contra la salud y seguridad de los puertorriqueños, que no es sustentable y que tendrá efectos devastadores para el ambiente”, indicó.

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