San Juan, 27 dic (INS).- Ante la proliferación de regalos de drones durante la pasada Navidad, el representante José Aponte Hernández reclamó que se considera una medida de su autoría que busca regular el uso de estas naves, prohibiendo que puedan ser utilizadas para fotografiar o grabar electrónicamente a personas o propiedades privadas específicas, sin su consentimiento.

Se trata del Proyecto de la Cámara 2294, presentado el 26 de enero de 2015, que crea la “Ley para limitar el uso de imágenes captadas por los sistemas aéreos no tripulados”, para prohibir la toma y grabación de imágenes por medio de sistemas aéreos no tripulados, en propiedades privadas o donde se tenga una expectativa razonable de intimidad.

“Según la Reforma de Modernización de la Administración Federal de Aviación, antes de octubre de 2015 la Administración Federal de Aviación debe tener listas las regulaciones para la operación de sistemas aéreos no tripulados. Mientras, en Puerto Rico no se ha establecido reglamento alguno que brinde una guía sobre lo que es o no aceptable en la operación de dichos artefactos, y ante la falta de reglamentación federal, este aspecto debe ser reglamentado a nivel estatal”, dijo el representante del Partido Nuevo Progresista(PNP).

Los drones comenzaron su funcionamiento únicamente con capacidades militares, pero rápidamente fueron adaptándose para uso comercial y personal. Con los precios de los sistemas aéreos no tripulados abaratándose, la obtención de los mismos por cientos de miles de personas en los Estados Unidos continentales y Puerto Rico es cada vez más frecuente.

El proyecto todavía no ha recibido ni una vista pública, pese al gran número de estos aparatos que se están vendiendo en establecimientos comerciales a través de todo Puerto Rico.

“La sección 8 del artículo II de la Constitución de Puerto Rico protege a las personas de los ataques abusivos a su vida privada. Los drones tienen la capacidad de cargar cámaras, y por ello, facilitan el que cualquier persona pueda grabar videos o tomar fotografías de lo que está sucediendo tanto en una propiedad privada como en cualquier otro lugar en el que se posea una expectativa razonable de intimidad”, estipula la pieza legislativa.

Para Aponte Hernández, la toma de fotografías o videos no autorizados mediante los sistemas aéreos no tripulados presenta el riesgo de que dichas fotos o videos sean publicados o vendidos sin el consentimiento de los dueños de las propiedades o de las personas que aparecen en ellas.

“El gobierno de Puerto Rico tiene el deber de velar porque se protejan los postulados contenidos en nuestra Constitución. Este es un mercado emergente y, por tal razón, es necesario establecer una limitación a la manera en que se podrían utilizar estos equipos”, manifestó el político. INS