La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra Juan Maldonado y el empresario Aaron Vick por la fallida venta de pruebas de Covid-19 al gobierno durante la pasada administración.
La oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) presentó esta mañana denuncias Maldonado y Vick por varios delitos.
Los cargos que enfrentan son por los delitos de falsificación de documentos, traspaso de documentos falsificados, tentativa de fraude, intervención ilegal en procesos gubernamentales y falsedad ideológica.
Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo, intervino como representante de la empresa Apex General Contractors ante el gobierno para el contrato de compra de las pruebas, mientras que la firma de Vick fue usada en el documento de la transacción.
Vick fue acusado en ausencia, pues no ha podido ser localizado para ser citado formalmente.
"Mediante una resolución corporativa que tiene un elemento de falsificación se le informó al gobierno una información que no es cierta, y se utilizó para la transacción. Y eso es una forma ilegal de intervenir en el proceso de contratación del gobierno", explicó el fiscal Ramón Mendoza.
Robert Rodríguez, presidente de la empresa APEX, está cooperando en la investigación del gobierno, según Mendoza.
El fiscal explicó que la exgobernadora Wanda Vázquez fue entrevistada como parte de su investigación.
"Todos y cada una de las personas señaladas en el proceso fueron objeto de investigación, y es nuestra conclusión que en el día de hoy no tenemos prueba suficiente para presentar cargos contra ninguno de ellos", dijo Mendoza.
Además de Maldonado y Vick en el proceso también fueron investigados el excomisionado de Manejo de Emergencias, general José Burgos, la ex subsecretaria de la Gobernación Lillian Sánchez y Mabel Cabeza, allegada a La Fortaleza, quienes serían testigos de los fiscales en el caso.
La fallida compra millonaria de pruebas de Covid-19 ocurrió en abril del 2020 cuando apenas iniciaba la pandemia. El gobierno compraría las pruebas, que no habían sido aprobadas por autoridades sanitarias, por $40 millones a empresas sin experiencia en asuntos de salud, entre ellas Apex General Contractors.
