Integrantes de la Colectiva Feminista en Construcción denunciaron hoy, miércoles, la intención del Departamento de Justicia de radicar cargos criminales en contra de varias integrantes de la organización, así como de residentes de Río Piedras, luego de que limpiaran y habilitaran un local que estaba en estado de abandonado en esa comunidad.
Se trata de un edificio que ubica en 1051 Calle Brumbaugh, esquina Calle Robles en Río Piedras (antiguo Teatrolandia).
Las integrantes de la organización también denuncian un presunto patrón de acecho por parte de las policía municipal, señalamiento que fue rechazado por ese cuerpo policial.
Según la portavoz de la organización, Shariana Ferrer-Nuñez, este patrón empeoró una vez la organización junto a personas de la comunidad de Río Piedras, limpiaran y acondicionaran una estructura abandonada que ubica en la Calle Brumbaugh, esquina Calle Robles, donde hace unos años ubicaba el negocio Teatrolandia. El local que ha estado abandonado por los pasados 10 años, estaba lleno de escombros, en condiciones insalubres, lo que ha afectado durante años a vecinos y vecinas de esa comunidad. Con el transcurso del tiempo, el espacio se convirtió en un criadero de ratas, cucarachas y mosquitos, por lo que la comunidad se organizó para limpiar el espacio y mitigar estas condiciones.
“A pesar de que quienes único tenían la obligación de actuar ante esta situación son precisamente los alegados dueños en primer lugar y el Municipio de San Juan, la comunidad decidió ocuparse de la situación. Aquí hubo conversaciones entre vecinos, con el Fideicomiso de Desarrollo de Río Piedras, la Junta Comunitaria de Río Piedras, con el Centro para la Reconstrucción del Hábitat y el entendido e información que tenemos es que esa propiedad está abandonada desde hace diez años y que el gobierno municipal no había hecho nada al respecto. En ese sentido, nuestro Código Civil dispone que un vecino o vecina entra a una propiedad abandonada como esta, a mitigar condiciones de peligrosidad que afecten la comunidad y los otros hogares sí esta protegido por ley. Lo que es definitivamente una violación de ley es que haya un estorbo público como este, amenazando la vida de las personas que residimos en la comunidad y ni el gobierno municipal ni los dueños hagan nada”, aseveró además Verónica Figueroa Huertas, también portavoz.
Según informó Zoán Dávila, portavoz de la organización, las integrantes de la Colectiva recibieron tres intervenciones por parte de la guardia municipal, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, donde se les intimidó sobre la radicación de querellas. Al preguntársele a estos oficiales sobre quién estaba radicando la querella y el motivo de la misma, para así iniciar un diálogo sobre el estado del espacio abandonado, estos se negaron a proveerles información. No fue hasta que se emplazó con una demanda de desahucio el pasado 7 de octubre, contra una de las dirigentes de la organización, que supieron quienes son alegadamente dueñas del espacio.
“Esta demanda se presenta sabiendo que en ese espacio solo se limpió y que absolutamente nadie, mucho menos integrantes de la Colectiva viven en ese espacio o se han hecho dueñas de este. Quienes presentan la demanda alegando ser dueñas son abogadas adineradas, con recursos y sobre todo, conocedoras del estado de derecho en Puerto Rico. Estas personas deben conocer que, por un lado, tienen la responsabilidad en derecho de evitar que esta propiedad se convierta en una ruina que atente contra la seguridad de la comunidad”, agregó Ferrer-Nuñez.
Según informaron las portavoces, luego de que culminara la vista del caso de desahucio, varias de sus integrantes y varias vecinas de Río Piedras recibieron citaciones para la radicación de cargos criminales este 26 de octubre. Según Dávila Roldán, esta acción denota la persecución de las agencias públicas de ley y orden, ya que no se justifica que se presenten cargos cuando ya existe un caso civil en el que se están atendiendo las reclamaciones de las partes.
Reacciona la administración municipal
El administrador del Municipio de San Juan, licenciado Israel Alicea, aseguró en declraciones escritas que han "implementado un plan de trabajo intensivo en relación con los estorbos públicos y las propiedades abandonadas alrededor de todo el Municipio de San Juan y en particular en Río Piedras".
"En el caso que se ventila hoy en los medios de comunicación, es importante destacar que dicha propiedad es privada. Dentro del proceso de declaración de estorbo público, los dueños de dicha propiedad se comprometieron con el Municipio en eliminar las condiciones de estorbo. Una vez el contratista y los dueños llegaron a los predios, se dieron cuenta que unas personas habían ocupado recientemente la propiedad", explicó Alicea en declaraciones escritas.
Añadió que a tales efectos, los dueños de la propiedad procedieron a presentar una querella en la Policía.
"Cabe destacar que agentes de la Policía Municipal visitaron la propiedad en una sola ocasión para atender la querella presentada. Presumimos que la policía estatal ha visitado el lugar en atención a la querella y los procedimientos judiciales que están en proceso. En atención a dichos procesos judiciales y a las propias expresiones vertidas en los medios, la Policía Estatal diligenció una citación a las personas que se alega ocupan la propiedad sin autorización del dueño”, culminó diciendo Alicea.
