El Departamento de Justicia y la Oficina del Procurador General presentaron ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico un recurso de certificación para revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que declara inconstitucional varias disposiciones de la Reforma Educativa del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

"Para el primer ejecutivo, la Reforma Educativa es parte integral del nuevo Gobierno junto a las transformaciones como la de la Autoridad de Energía Eléctrica, la consolidación de agencias y el plan Mi Salud, entre otras.

La Reforma Educativa viabiliza en Puerto Rico un sistema de alianzas con instituciones educativas sin fines de lucro para mejorar la educación pública, que seguirá siendo gratuita.

Esto permitiría que universidades, públicas y privadas, así como otras instituciones especializadas mejoren nuestro sistema educativo público que hoy es deficiente. De igual forma, los vales educativos permitirían a nuestros estudiantes de escasos recursos participar de programas de enseñanza privados que son exitosos y que hoy solo benefician a personas con poder económico.

Ante esto, solicitamos al Tribunal Supremo que revise la decisión del foro primario y, para evitar que se haga académica la controversia, que se haga de forma expedita para continuar con los procesos de selección de las entidades educativas sin fines de lucro que empezarán este próximo agosto a transformar nuestro sistema público de educación", expresó de manera escrita el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario.