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Empresario de la Ley 20 es acusado por fraude de casi 100 millones

Se dedicaba a la venta de productos para el cuidado personal, todo por Internet, utilizando un modelo de mercadeo de opción negativa.

Por: Sylvi Escoto - hace 3 años

San Juan, 16 may (INS).- Un gran jurado federal presentó 34 cargos contra el empresario Gopalkrishna Pai, acusado de conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, robo de identidad y lavado de dinero, que le permitió apropiarse de casi cien millones de dólares.

La información la dio a conocer en una conferencia de prensa la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez , tras una investigación realizada por el FBI.

La acusación alega que desde aproximadamente mayo de 2014 hasta octubre de 2018, Gopalkrishna Pai conspiró, ideó y participó en un plan para estafar a los procesadores comerciales y a otros mediante el envío de información falsa y documentación falsificada para crear cuentas comerciales en nombre de Straw Companies, para procesar tarjetas de crédito y pagos electrónicos, y para recibir un beneficio financiero sustancial.

El esquema fraudulento empleado disfrazó su participación y uso de más de cien compañías formadas para facilitar el procesamiento de aproximadamente 98 millones de dólares en ingresos brutos en ventas minoristas en línea.

Como parte de la conspiración, Gopalkrishna Pai era propietario y operador de F9 Advertising, una compañía de responsabilidad limitada con fines de lucro organizada en Puerto Rico en mayo de 2014 y registrada bajo la Ley de Servicios de Exportación (Ley 20 de 2012).

La firma F9 se dedica a la venta de productos para el cuidado personal, incluidas las cremas para la piel, a través de Internet, utilizando un modelo de marketing de opción negativa.

La comercialización de opciones negativas es una categoría de transacciones comerciales en la que los vendedores interpretan el hecho de que un cliente no tome una acción afirmativa, ya sea para rechazar una oferta o cancelar un acuerdo, como consentimiento para cobrar por bienes o servicios.

El demandado creó más de cien compañías de responsabilidad, obtuvo números de identificación de empleador (EIN, siglas en inglés) individuales del Servicio de Impuestos Internos (IRS, siglas en inglés) para cada compañía y abrió cuentas bancarias comerciales individuales bajo su control para cada empresa.

Luego se crearon documentos falsos y se enviaron a los procesadores comerciales para crear cuentas de comerciantes para procesar las ventas en línea y para disfrazar la participación de Gopalkrishna Pai.

Los procesadores comerciales son empresas que prestan servicios a otras empresas para procesar pagos electrónicos, incluidos, entre otros, los pagos con tarjeta de crédito.

Estas empresas incluyen: Humboldt Merchant Services (Humboldt), Paysafe Group Limited (Paysafe), Asesores Comerciales Globales (Global) y Merchant Payment Acceptance (PayKings).

El verdadero propietario y operador de las compañías fue disfrazado a través de la falsificación de registros bancarios y documentos de impuestos EIN y otra información para evitar que los procesadores comerciales y sus instituciones financieras relacionadas tengan conocimiento del verdadero propietario y operador, que era el demandado.

Las tarjetas de crédito y otros pagos procesados por los procesadores comerciales se pagaron a cuentas a nombre de las compañías falsas, controladas por el demandado y transferidas a la empresa F9.

Como parte del plan para estafar a los procesadores comerciales, el demandado intercambió comunicaciones por correo electrónico y transmisiones por Internet a través del cable interestatal para presentar documentos, incluidas las solicitudes, que contienen representaciones materialmente falsas y documentación falsificada, que incluía información de identificación personal de individuos reales como nombres, números de seguridad y firmas.

El esquema de fraude y conspiración generó aproximadamente 98 millones en ingresos totales, procesados sobre la base de información falsa.

Si se lo encuentra culpable, el acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de conspiración y fraude electrónico, así como un período máximo de dos años de prisión por cada cargo.

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