La decisión del Tribunal de Supremo de Puerto Rico de no hacer públicas las grabaciones de las vistas de Andrea Ruíz Costas, donde presentó una querella por violencia doméstica y otra donde solicitó una orden de protección cayó como un balde de agua fría a la familia de la mujer que fue asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado parcialmente quemado en un paraje de Cayey el 29 de abril del año pasado.
La jurisprudencia que creó esta sentencia de mayo del año pasado, preocupa a los abogados que llevaron el caso en representación de gremios periodísticos locales.
Retando esta decisión, acudieron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos buscando que se revoque por ser una controversia donde se violan derechos constitucionales.
Otro criterio que podría favorecer que el caso sea acogido es el alto interés público y la posibilidad de que sean controversias que se repitan en el futuro. Tras el caso de Andrea, muchas víctimas de violencia decidieron contar sus historias de cómo se sintieron abandonadas por el sistema.
