El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, anunció que para reclutar el mejor talento posible a nivel local, nacional o internacional ha publicado una convocatoria general para recibir solicitudes de candidatos que interesen dirigir la Oficina del Inspector General.

Esta oficina tendrá como propósito asegurar que las instituciones gubernamentales provean servicios de calidad al público en general con trasparencia y sin corrupción.

“El inspector general tendrá a su cargo la preparación de recomendaciones que promuevan la economía y la eficiencia de la administración pública. Además, servirá como filtro para detectar fraude y mala administración de fondos públicos para que los puertorriqueños puedan confiar plenamente en que los fondos públicos son utilizados de manera eficiente y efectiva”, expresó el primer mandatario.

Desde la aprobación de la ley que presentó Rosselló Nevares, la cual crea la Oficina del Inspector General, el Gobierno ha manifestado que tendrá cero tolerancia contra la corrupción.

A esos fines se aumentaron las penas para ciertos delitos de apropiación ilegal de fondos públicos y se creó el Código Anticorrupción del Gobierno a fin de eliminar la probatoria para ciertos delitos vinculados a la gestión pública.

“Estamos publicando una convocatoria abierta en medios locales y nacionales para que aquellos candidatos que cumplan con los requisitos en ley puedan expresar su disponibilidad para ocupar ese importante cargo. Queremos reclutar la persona más preparada y respetada en este tema de gerencia gubernamental”, expresó el primer mandatario.

Aquellas personas interesadas deberán someter la solicitud para ser evaluadas. Este nombramiento también requerirá confirmación de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.

Aquellas personas interesadas deberán someter una solicitud formal que debe incluir su curriculum vitae y una carta de presentación. También deberán cumplir con los criterios de educación, experiencia, ausencia de conflicto de intereses y referencias.

Entre los requisitos se establece que deberá ser una persona mayor de 30 años de edad, de reconocida capacidad profesional y probidad moral y con amplios conocimientos sobre auditorías, administración pública y gestión gubernamental, conforme a la Ley 15-2017, según enmendada. De igual forma, deberá dominar el idioma español.