Toa Baja, 30 oct (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se refirió hoy a las expresiones de un grupo de expertos de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la falta de ayuda en la Isla, ante lo cual dijo que “están observando y si no tenemos los recursos, podemos tener graves problemas de cara al futuro, podemos colapsar”.

“La ONU está observando y esto es un proceso largo. Estoy satisfecho con un sinnúmero de áreas, con FEMA, complacido, pese a que hemos tenido diferencias; con el Departamento de la Defensa, que han llevado a cabo un esfuerzo muy bueno; con los estados, que ha sido una ayuda extraordinaria, pero ciertamente hay más que hacer”, comentó.

En una conferencia de prensa para anunciar un programa de reconstrucción de hogares, el mandatario indicó sin embargo que “una de las cosas que hace la ONU es alertar lo que puede ocurrir si no se atiende como corresponde (la crisis), podemos colapsar como una crisis humanitaria, en la salud pública”.

Insistió en que “si no tenemos los recursos, vamos a tener graves problermas de cara al futuro. Hay mucho por hacer todavia”.

Los expertos de la ONU indicaron que después de más de un mes, Puerto Rico continúa sin recibir una respuesta adecuada a la devastación causada por el huracán María.

“El huracán ha agravado la delicada situación que ya existía en la isla, causada por una creciente deuda y por medidas de austeridad” señalaron los expertos, que subrayaron que la situación seguía siendo “alarmante” para los 3.5 millones de residentes de la isla en territorio estadounidense.

Agregaron que “miles de personas han sido desplazadas y se encuentran sin soluciones a la vista. Más del 80 por ciento de la población, o cerca de 2.8 millones de personas, continúan sin electricidad.

Pocos hospitales se encuentran funcionando. Se alega que el agua disponible -para aquellos que la tienen- puede estar contaminada”.
“Con el invierno que se aproxima, solicitamos una respuesta rápida y bien financiada a la emergencia, con prioridad hacia las personas más vulnerables y en riesgo: niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle y mujeres”, adviertió el grupo.

Mientras, el experto independiente sobre deuda y Derechos Humanos de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, añadió que “incluso antes del impacto del huracán la situación de Derechos Humanos estaba siendo gravemente afectada por la crisis financiera y económica y las consiguientes medidas de austeridad, con impactos negativos en los derechos a la salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social”.

Los especialistas resaltaron que casi la mitad de la población de Puerto Rico ya estaba viviendo por debajo de la línea de pobreza antes del paso de María.

La relatora especial sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha, indicó que “no podemos dejar de notar la urgencia y prioridad diferente que se ha dado a los servicios de emergencia para Puerto Rico en comparación con la respuesta en Estados de los Estados Unidos que han sufrido el impacto de huracanes en los meses recientes”.

“Después de un desastre natural, con más de 90 mil viviendas completamente destruidas, las personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Todos los niveles del gobierno están obligados a actuar para protegerlas, y para asegurar que sus vidas puedan volver a una cierta normalidad rápidamente”, apuntó la relatora.
Añadió que “las personas necesitan vivienda segura y adecuada -en el corto y largo plazo- con electricidad, agua potable y saneamiento”.

En tanto, la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, agregó: “El huracán María arrasó la mayor parte de los sembrados. Bananas y café (productos principales de exportación) fueron los más afectados. La población se enfrenta a escasez de alimentos y también a consecuencias a largo plazo debido a la destrucción de toda la infraestructura agrícola”.

Los expertos subrayaron que la reconstrucción debe asegurar estándares adecuados para enfrentar futuros desastres.

También señalaron la necesidad de aliviar la deuda de la isla, que presentó su demanda de bancarrota en mayo de 2017 a través de la Ley Promesa.

Una corte federal en San Juan inició audiencias sobre el proceso más importante de restructuración de deuda pública en la historia de los Estados Unidos.