El gobernador Pedro Pierluisi convirtió hoy en ley el requerimiento de que en toda vista de causa probable para arresto por violación a la ‘Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica’ (Ley 54), estén presentes y sin discreción alguna, fiscales del Departamento de Justicia y personal de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
“Hace unos meses, ordené al Departamento de Justicia la presencia de fiscales en este tipo de casos, pero ahora estoy haciendo un mandato por ley. Este gobierno continuará tomando acciones afirmativas y correctivas para brindar mayor seguridad a las víctimas de la violencia de género, y que puedan tener el apoyo y la protección necesaria del Estado”, sostuvo el gobernador a firmar el Proyecto del Senado 358 de la autoría de la senadora Migdalia González.
La ley enmienda el artículo 3.10 de la Ley 54, que ahora dice “El Ministerio Público tendrá el deber de comparecer a toda vista de determinación de causa probable para arresto en los casos de naturaleza penal presentados al amparo de esta Ley, sin discreción alguna, incluyendo las violaciones a las órdenes de protección según establece el Artículo 2.8 de esta Ley”.
“La presencia de un o una fiscal en las vistas de causa probable ayudaría a brindarle al proceso más certeza y seguridad para las víctimas, al contar con la presencia de funcionarios y funcionarias con la pericia legal necesaria en estos casos. Las razones por las cuales se pudiera determinar que no hay causa probable para arrestar pueden ser diversas, incluyendo que en efecto no se cometió el delito. Sin embargo, existen situaciones relacionadas al manejo y presentación de la evidencia requerida que se pueden subsanar con la presencia del Ministerio Público. Por ejemplo, casos en los que la víctima esté afectada emocionalmente que no pueda presentar un testimonio que identifique los elementos del delito, o cuando los agentes investigadores no presentan cierta prueba requerida”, reza parte de la exposición de motivos del proyecto.
A esto se suma la creación, mediante Orden Ejecutiva, del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), que está realizando vistas públicas alrededor de la Isla para conocer de primera mano la situación que enfrentan las víctimas de violencia de género.
Otros proyectos convertidos en ley
Por otra parte, y a tan solo días de haber comenzado el año escolar, el gobernador firmó Proyecto del Senado 61, de la senadora Migdalia Padilla, que garantiza la permanencia y el fortalecimiento del programa de cooperativas juveniles en las escuelas públicas. Asimismo, dio paso al Proyecto del Senado 148, de la senadora María de Lourdes Santiago, que extiende hasta los 21 años, a toda persona o estudiante elegible que esté recibiendo servicios del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, los derechos de estar cobijados bajo la ‘Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores’ que previamente era hasta los 18 años. De esta manera, según la ley, se armoniza el ordenamiento aplicable y se garantiza igual protección de ley a las personas con discapacidad que se encuentran en su proceso educativo formal.
Precisamente, en torno a personas con diversidad funcional, al convertirse en ley el Proyecto del Senado 243, del senador Juan Zaragoza, se extiende el periodo de vigencia de dos años a cinco años de la licencia de aprendizaje a todo ciudadano con algún tipo de discapacidad física significativa.
Pierluisi también convirtió en ley el Proyecto del Senado 68, del senador Thomas Rivera Schatz, para que todo ciudadano que desde julio de 2020 no ha podido renovar su licencia como consecuencia de los cierres Centros de Servicios al Conductor (CESCO) a causa de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) les devuelva el dinero cobrado por concepto de renovación de licencia tardía. Esto aplicaría a quienes hayan hecho la solicitud de citas a través del portal cibernético de CESCO, dentro del término de 30 días desde el vencimiento de la vigencia de la licencia.
En torno a los municipios, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 306, de la senadora Marially González Huertas, para facultarles a recibir por traspaso, venta en pública subasta, cesión, donación o transferencia, equipo o propiedad que sea declarado excedente. También, el primer ejecutivo firmó la Resolución Conjunta del Senado 30 para reasignar al municipio de Hormigueros $2,174.44 para realizar obras y mejoras permanentes.
Otras piezas legislativas en las que el gobernador estampó su firma son el Proyecto del Senado 21, del senador José Luis Dalmau Santiago, en aras de brindar mayores oportunidades de rehabilitación y acceso a programas de desvío, así como el Proyecto del Senado 67, del senador Thomas Rivera Schatz, que dispone que todos los funcionarios nombrados por el primer mandatario cuyos nombramientos requieren el aval del Senado y en algunos casos de la Cámara de Representantes, envíen a la Asamblea Legislativa sus respectivas credenciales en un máximo de 15 días.
Todas estas medidas, que fueron aprobadas en la pasada Sesión Ordinaria que culminó en junio, fueron enviadas por la Asamblea Legislativa a la Fortaleza la semana pasada para la evaluación del gobernador.
