San Juan, 26 ene (INS).- Un estudio comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) mostró que las leyes 20 y 22, dirigidas a atraer inversionistas extranjeros, incentivar a empresarios locales y fomentar la exportación de servicios, podrían generar más de 56,000 empleos en un periodo de 10 años y en dos años el empleo en la industria de servicios técnicos aumentó a 6.4%.

El estudio fue conducido por Estudios Técnicos Inc., y la presentación estuvo a cargo del economista José Joaquín Villamil, principal oficial de la firma.

Hasta noviembre de 2015, el gobierno había aprobado 328 decretos bajo la Ley 20 de Exportación de Servicios y 574 decretos bajo la Ley 22 para Incentivar el Traslado de Inversionistas.

Ambas leyes entraron en vigor en el 2012.

Villamil destacó que los servicios principales que proveen las compañías acogidas a la Ley 20 son la consultoría relacionada con servicios financieros, publicidad y relaciones públicas, servicios financieros, gerencia centralizada, servicios profesionales (legales, impuestos y contabilidad), desarrollo de software e ingeniería y producción de diseños de construcción.

Un 20% aproximado de las compañías con decretos son locales y un 80% extranjeras. Más de la mitad de las exportaciones son al mercado estadounidense, seguido por el mercado dominicano y el mexicano.

“La exportación de servicios genera oportunidades de empleo de alta calidad e inversiones de alto valor añadido. El promedio anual de pago de nómina ronda los $45,000 por empleo. Las compañías tenían una nómina total de $137.1 millones”, indicó el también planificador.

“El estimado de nómina incluye 7,033 empleos directos, indirectos e inducidos. El empleo en la industria de servicios técnicos aumentó a 6.4% entre el 2012 y el 2014, lo que podría atribuirse a las leyes 20 y 22, ya que muchos de los inversionistas acogidos a estas leyes se dedican a ofrecer ese servicio.

Otra gran parte de la inversión de las nuevas compañías que se establecen en la Isla ha sido en bienes raíces”, dijo Villamil.

El economista añadió que las compañías acogidas a la Ley 20 han reportado ingresos de casi $1.2 billones, con ingreso neto de $563 millones, lo que representa unos $34 millones en recaudos fiscales por concepto de impuestos corporativos.

Se estima que para el 2024 se habrían sumado 3,500 decretos de Ley 20 que generarían 44,656 oportunidades de empleo.

El pago de nómina se estima en $3.1 billones y el impuesto corporativo en $800 millones.

“Las actividades de exportación que promueve la Ley 20 ofrecen gran potencial para la economía local debido al alto grado de movilidad de la economía de servicios. El impacto económico de los recaudos de la Ley 20 podría representar alrededor del 1% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico.” añadió el economista.

Por otro lado, los datos presentados sobre el impacto de la Ley 22 muestran que la mayoría de los decretos otorgados son para consultores, comerciantes, emprendedores e inversionistas, particularmente del mundo financiero.

Un 89% reportó haber tenido su residencia previa en Estados Unidos y un 11% en Venezuela, Reino Unido y España, entre otros países.

El impacto económico mayor de la Ley 22 proviene de la inversión en bienes raíces, que asciende a unos $266 millones en el mercado local, mayormente en Dorado, Humacao, Río Grande y Condado.

“La actividad de las compañías acogidas a la Ley 22 ha generado unos 2,483 nuevos empleos en la Isla. El gasto potencial total para todos los que tienen decreto asciende a más de $73 millones.

Se estima que para el año 2024 habrá aproximadamente 4,000 decretos aprobados que podrían generar 11,945 nuevos empleos. El valor en bienes raíces adquiridas se estima en $1.7 billones y el gasto potencial de los inversionistas en más de $830 millones”, agregó.

El estudio concluyó que mantener estas leyes beneficiaría más a la economía local si se logran capturar los efectos derivados de estos decretos.

“Estas políticas, combinadas con otros esfuerzos que garanticen efectos derivados más amplios, tienen enorme potencial de promover desarrollo económico dentro de una economía orientada a la exportación.”, sostuvo Villamil.

Entre las recomendaciones para generar mayor crecimiento económico se debe revisar los requisitos de creación de empleos e inversión; incentivar a más compañías locales para que obtengan decretos y redirigir la Ley 20 a un marco más amplio de desarrollo de “start ups” locales.

También, se debe usar la Ley 22 para incentivar la llegada de emprendedores extranjeros que se dediquen a las actividades elegibles para tener decreto de la Ley 20.

El secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, indicó que “es fundamental tener métricas para evaluar el desempeño del programa de incentivos e identificar oportunidades para mejorarlo, y este estudio es parte de ese proceso”.