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Una votación empate impidió hoy que el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidiera si dejaba o no sin efecto una orden del Tribunal de Apelaciones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de abrir los portones del Recinto de Río Piedras de la institución universitaria, por lo que el mandato emitido el 5 de mayo continúa vigente.

“Por estar igualmente dividido el Tribunal, expedimos el Recurso de Certiorari solicitado y se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones”, apuntó la sentencia.

La administración de la UPR había radicado hoy una moción de auxilio ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que se deje sin efecto orden la orden de abrir los portones del Recinto de Río Piedras, emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Según se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 3 de los jueces votaron a favor de conceder el auxilio solicitado, 3 votaron en contra, 2 se inhibieron, y 1 no intervino. 

San Juan, 19 may (INS).- La Universidad de Puerto Rico (UPR) presentó hoy una moción de auxilio en el Tribunal Supremo para anular la determinación del Tribunal de Apelaciones que establece que la institución educativa debe reabrir los portones del recinto de Río Piedras.

Estudiantes del principal campus universitario del país llevan más de 50 días en una huelga indefinida, que incluye el cierre de los portones y, por tanto, la paralización de las operaciones en el lugar.

Debido a esta situación, un grupo de estudiantes de Derecho de la UPR presentaron una demanda para que se reabran los portones.

Tras el recurso, el Apelativo ordenó la apertura de los portones, lo que no se dio, por lo que estableció una multa a la UPR de mil dólares diarios si no cumplía con la determinación y advirtió que podría emitir órdenes de arresto contra la presidenta Nivia Fernández por no llevar a cabo la decisión del tribunal.

Ante esta situación, la UPR acudió al Supremo y afirmó que para la institución no es posible cumplir con la orden debido a la huelga,  que la Policía no intervendrá en el conflicto y a que la guardia universitaria no está capacitada para resolver el caso.

"La sentencia (del Tribunal Apelativo) impone sobre los peticionarios una obligación abstracta, impráctica e imposible de cumplir bajo las circunstancias imperantes en estos momentos", señala la moción del bufete de abogados Bobonis, Bobonis & Rodríguez Poventud.