El vicepresidente de la Unión de Trabajadores de Muelles ILA 1740, Víctor Aponte Torres, se expresó sorprendido y conmovido luego de que autoridades federales arrestaran y acusaran al presidente de la unión y otros unionados por un esquema de fraude y crimen organizado en los muelles.
"Toda la junta se siente triste, nos conmueve a todos, es algo que no esperabamos y nos cogió de asombro a todos. Estamos reunidos viendo cual es el protocolo que tenemos, las cosas que vamos a seguir, los pasos", expresó Aponte Torres a NotiCentro.
Por su parte el licenciado William Marrero Quiñones, asesor legal de la unión, dijo en declaraciones escritas que "el único que es empleado de la organización es el presidente de la Unión, el resto de los detenidos son empleados de varios patronos, algunos son miembros de la unión y otros no, pero no son empleados de ILA, como ha trascendido públicamente. A tales efectos de manera inmediata el actual vicepresidente de nuestro sindicato, Víctor Aponte estará fungiendo como Presidente Interino. La ILA es un sindicato internacional que cuenta con una matrícula de más de 65 mil trabajadores de los muelles".
Autoridades federales arrestaron en la madrugada a siete personas, entre ellas el presidente de la Unión ILA 1740, Carlos C. Sánchez Ortiz, por un esquema de fraude y crimen organizado en la que los acusados cobraban tarifas ilegales a las empresas navieras que operaban en los muelles 9, 10 y 11 de San Juan. Según la Fiscalía federal, los acusados amenazaban a las empresas con protestas de la Unión si no realizaban los pagos.
Según la Fiscalía federal, desde 2005 pequeñas empresas navieras que operan en el puerto de San Juan han sido objeto de amenazas para obtener dinero ilegalmente. El esquema afectó comercio interestatal e internacional entre Puerto Rico e Islas Vírgenes Británicas y Americanas.
El pasado jueves gran jurado federal emitió una acusación contra el dueño de la empresa JCPY Inc., Pedro Pastrana González, y su exesposa Iara Clemente Rivera, el presidente de la Unión de Trabajadores de los Muelles ILA 1740, Carlos Sánchez Ortiz, y el empleado de la Autoridad de Puertos Jorge Batista Maldonado. Estos formaban parte de una empresa criminal (JCPY) desde 2005 al 2022 que recolectó ilegalmente el pago de las empresas navieras que operan en los muelles 9, 10 y 11 del puerto de San Juan.
Esos muelles son una sección específica donde compañías navieras manejaban pequeños cargamentos que se movían hacia y desde Puerto Rico a las Islas Vírgenes Británicas y Americanas.
Mira aquí la conferencia de prensa de las autoridades federales:
Pastrana González, Clemente Rivera, Sánchez Ortiz y Batista Maldonado le ordenaban, falsamente, a las navieras que tenían que pagar una tarifa para no usar a los empleados de ILA 1740 y poder utilizar su propia tripulación para trabajo portuario, aunque para esto solo tenían que solicitar permiso al Departamento de Trabajo Federal. Estos acusados ocultaban el dinero que JCPY cobraba ilegalmente como pagos a un plan de beneficios de empleados titulado "Plan de Bienestar".
Víctor F. Torres Barroso, José A. Fernandez Cruz y Carlos Hernández Laguer también están acusados por participar en el esquema para tomar fondos ilegalmente y falsificar registros del "Plan de Bienestar".
Los acusados amenazaban a las navieras con bloquear el acceso de sus barcos a la carga mediante protestas y piquetes de miembros de la Unión ILA 1740 si no se pagaban las tarifas. El dinero cobrado lo usaban para enriquecimiento ilegítimo y no para miembros y beneficios de ILA 1740.
Asimismo, Pastrana González y Rivera Clemente aceptaron que Torres Barroso, Fernández Cruz, Hernández Laguer realizaran "chimbos" para Clemente Rivera. "Chimbo", según la Fiscalía Federal, es una palabra que usan los trabajadores de los muelles cuando usan la tarjeta de otra persona unionada para hacer creer que ese miembro está trabajando. Como era Clemente Rivera quien aparecía laborando eso le contaba para el requerimiento de horas trabajas y, de esta forma, cualificar para los beneficios del "Plan de Bienestar".
JCPY Inc. no tenía empleados que realizaran trabajos ni brindaba servicios a ninguna de las navieras. Las navieras que pagaban a JCPY no recibían ningún tipo de servicio de la empresa. Los miembros de la empresa y coconspiradores depositaron el dinero producto de los cobros de tarifas ilegales en la cuenta bancaria de JCPY y transfirieron algunos de los ingresos de los esquemas al plan de bienestar de los empleados unionados.
La acusación tiene una alegación de confiscación de $1,184,524.26, un vehículo, un bote y una residencia.
La acusación contiene un total de siete cargos por conspiración, fraude, lavado de dinero, fraude electrónico, fraude a planes médicos y violaciones a las leyes laborales estadounidenses.
