La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) radicaron en horas de la mañana un recurso ante el Tribunal Supremo para que deje sin efecto la decisión que los obligaba a reestablecer el acceso al recinto de Río Piedras.

En los pasados días, el Tribunal de Apelaciones falló a favor de cinco estudiantes de la Escuela de Derecho que demandaron la institución para que se abran los portones. Al primer centro docente del país se le impuso una multa diaria de mil dólares hasta que no se garantice el acceso al campus universitario.  

En el documento de más de 40 páginas, la institución asegura que es "imposible" cumplir con la ordenanza del Tribunal, ya que los estudiantes votaron para rectificar la huelga indefinida en la pasada asamblea general. 

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San Juan, 19 may (INS).- La Universidad de Puerto Rico (UPR) presentó hoy una moción de auxilio en el Tribunal Supremo para anular la determinación del Tribunal de Apelaciones que establece que la institución educativa debe reabrir los portones del recinto de Río Piedras.

Estudiantes del principal campus universitario del país llevan más de 50 días en una huelga indefinida, que incluye el cierre de los portones y, por tanto, la paralización de las operaciones en el lugar.

Debido a esta situación, un grupo de estudiantes de Derecho de la UPR presentaron una demanda para que se reabran los portones.

Tras el recurso, el Apelativo ordenó la apertura de los portones, lo que no se dio, por lo que estableció una multa a la UPR de mil dólares diarios si no cumplía con la determinación y advirtió que podría emitir órdenes de arresto contra la presidenta Nivia Fernández por no llevar a cabo la decisión del tribunal.

Ante esta situación, la UPR acudió al Supremo y afirmó que para la institución no es posible cumplir con la orden debido a la huelga,  que la Policía no intervendrá en el conflicto y a que la guardia universitaria no está capacitada para resolver el caso.

"La sentencia (del Tribunal Apelativo) impone sobre los peticionarios una obligación abstracta, impráctica e imposible de cumplir bajo las circunstancias imperantes en estos momentos", señala la moción del bufete de abogados Bobonis, Bobonis & Rodríguez Poventud.

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San Juan, 19 may (INS).- El Comité Negociador Nacional del movimiento estudiantil, a través de una carta, solicitó hoy una reunión con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En la carta, los estudiantes señalan que “entendemos que la política pública de no autorizar la entrada de la Policía a la Universidad de Puerto Rico (UPR) permite un espacio de diálogo con el sector estudiantil de las universidades públicas en el país”. 

A su vez, indican que pese a la desconfianza que genera el proceder del gobernador, “al proponer a la Junta de Control Fiscal recortes por 512 millones de dólares al presupuesto de la educación superior del país, insistimos en la importancia de establecer canales de diálogos para alcanzar unos acuerdos que atiendan las preocupaciones del estudiantado universitario público de Puerto Rico. 

“Es por tal razón que le solicitamos audiencia para atender algunos de los reclamos del estudiantado de las universidades públicas de Puerto Rico. Con esta reunión que le solicitamos, entendemos que se podrían analizar las propuestas concretas que ha presentado el estudiantado y posibles opciones para atender nuestros reclamos”.

Los objetivos de la reunión solicitada serían seis: discutir los efectos de los recortes a la educación universitaria pública, dialogar acerca de las posibilidades de aprobación e implementación de las medidas que componen el paquete legislativo estudiantil, conversar sobre las garantías de acceso a la información sobre las emisiones de bono, de forma tal que podamos hacer la auditoría ciudadana de la deuda y abordar las cuentas por cobrar que quedan pendientes con la UPR.

“Sabemos que el gobierno central, a través de sus distintas agencias le debe a la institución alrededor de 300 millones de dólares en cuentas por cobrar con la institución. Entendemos se puede atender estas cuentas como otra manera de proteger el presupuesto universitario mientras continúa el curso del paquete legislativo y la creación de propuestas en defensa de la institución”, manifestó el Comité.

Como quinto punto a discutir en el encuentro, los universitarios dijeron que “es necesario declarar la educación universitaria como servicio esencial para el pueblo puertorriqueño. De esta forma, entendemos que se protege la misión de la institución ante la difícil situación del país y ante un proceso de quiebra como el que se está llevando a cabo en el Tribunal Federal”.

Sobre el sexto tema, pidieron “una garantía de que va a surgir un espacio participativo, amplio, abierto y democrático para el desarrollo de una Reforma Universitaria. Para ello, entendemos importante que la comunidad universitaria, mediante los espacios auto-convocados y organizados en este proceso de huelga, tengan un espacio de varios meses para desarrollar un proyecto de reforma universitaria que cuente con la participación de las diversas áreas del saber que integran a la comunidad universitaria”. 

Por tanto, solicitaron “que se dialogue sobre un compromiso de un tiempo razonable para que se geste ese proyecto de Reforma Universitaria, sin que haya un descargue o aprobación de un proyecto que surja desde la Asamblea Legislativa o desde el Ejecutivo”. 

El Comité Negociador Nacional entiende que existen áreas de trabajo que pueden atenderse en miras de continuar con el diálogo con el estudiantado “y alcanzar las metas comunes que respondan a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”.