Pese a que el gobierno central abrazó la medida que pondría una moratoria al impuesto al arbitrio de la gasolina y el diésel, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reveló que la medida violentaría la Ley PROMESA ya que propone una reprogramación de fondos.
Dicho esto, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, señaló que la administración gubernamental tiene “la encomienda de buscar distintas alternativas que puedan cumplir dentro del contexto del plan fiscal”.
La moratoria surge tras el incremento en el costo de la gasolina y el diésel por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
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