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Varios senadores rechazan la privatización

por: Inter News Service - hace 3 años

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El senador popular, Cirilo Tirado Rivera asegura que al menos 7 miembros de ese cuerpo no apoyan ninguna privatización de agencias de gobierno

San Juan, 17 sep (INS).- El senador Cirilo Tirado Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD), afirmó hoy que no apoyará ninguna gestión privatizadora de entidades o agencias públicas, como la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o el Departamento de Educación.

Tirado Rivera señaló que conoce al menos otros seis senadores de esa colectividad política que tampoco apoyarán la privatización de los servicios gubernamentales.

“El Fondo del Seguro del Estado tiene una función social que cumplir todavía. Puerto Rico tiene una historia de protección a los trabajadores y el Fondo protege al obrero, lo rehabilita y le ofrece justa compensación. Esos son los tres elementos que se deben mantener”, indicó a la agencia Inter News Service (INS) en un aparte durante la conferencia del economista argentino Julio César Gambino, en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

El senador oficialista expresó que “Puerto Rico perdería mucho si privatizan el Fondo. En cualquier ajuste del que se esté hablando o en cualquier plan futuro tiene que estar fuera de ecuación (esa) privatización”, añadió.

Para Tirado Rivera “no hay ambiente” en el Senado para privatizar esa corporación, máxime cuando su solvencia es tan fuerte que el gobierno central le toma prestado para subsidiar sus operaciones.

Por su parte, el portavoz del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, se mostró igualmente en contra de la privatización “de cualquier servicio de gobierno”.

El también profesor universitario expresó a la agencia INS, en un aparte de la conferencia de Gambino, que el gobierno debe hacerle frente a la deuda, auditarla y reestructurarla en vez de vender los servicios que enriquecerán a unos sectores a costa del beneficio de la mayoría.

La conferencia del economista Gambino, auspiciada por diversos sindicatos, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la UPR, giró en torno a los problemas de la deuda pública, según su experiencia como asesor de varios países.

El economista indicó que uno de los sectores más afectados por los ajustes económicos que tienen que hacer los países endeudados son los jubilados.

Señaló que en Argentina, de donde procede, es este sector el que lleva la voz cantante contra esas medidas debido a que los retirados apenas alcanzan los niveles mínimos establecidos para la supervivencia cotidiana.

Los jubilados argentinos se manifiestan semanalmente contra las medidas draconianas que han implantado algunos gobierno sudamericanos.

La descripción que hizo Gambino de estas medidas coincide plenamente con las que pretende tomar el gobierno con su Plan de Ajuste Fiscal a cinco años, aparte de la coincidencia de tener de asesora a la economista que recomendó esas medidas, la estadounidense Anne Krueger, exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El economista recalcó que la llamada crisis fiscal de Puerto Rico, aún con sus particularidades, es similar a la de muchos otros países en el mundo, por tanto no es un asunto puramente local, “sino del modelo productivo y el saqueo de los bienes comunes”, como pueden ser sus recursos, naturales o humanos.

Indicó que la deuda de Puerto Rico “es nada” si se le compara con “los países hegemónicos”, como Estados Unidos y los países de la Unión Europea, aparte de que, mantuvo, “la crisis fiscal no deja de ser un asunto ideológico”.

Gambino recomendó a la Legislatura puertorriqueña que, en unión a la sociedad civil, audite la deuda y determine qué se puede pagar, qué deuda es legal o en qué renglones hay dudas o alguna ilegalidad, que calificó como “la deuda odiosa”. Y que mientras se audite, no se pague.

El economista indicó que, contrario a lo que se está gestando actualmente en Puerto Rico, muchos países han tenido que adquirir nuevamente una serie de empresas que se habían privatizado, para salvarlas de la crisis.

Gambino igualmente aludió a las ayudas que otorgó el gobierno de Estados Unidos a General Motors y varios bancos, por ejemplo, para asegurar su supervivencia y no se desplome la economía.

El pasado viernes miles de trabajadores convocados por la Coalición Sindical se manifestaron frente al Capitolio y La Fortaleza para denunciar el efecto “nefasto” que causará la propuesta reforma laboral en el Plan de Ajuste Fiscal.

En ese momento los líderes sindicales Pedro Irene Maymí, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), y Manuel Perfecto, de la Unión General de Trabajadores (UGT), coincidieron en que el modelo económico del Estado Libre Asociado (ELA) fracasó.

La actividad fue coordinada por alrededor de 15 centrales y sindicatos, entre ellos el de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Los servicios a los trabajadores que brinda esta CFSE, dijo a la agencia INS el presidente del sindicato, Francisco Reyes, están en juego “ante la recomendación de privatización”.

Reyes afirmó que el informe del grupo de trabajo de La Fortaleza recomendó también pasar el Hospital Industrial, que administra la CFSE, a un sistema público junto a otros sanatorios.

“Ese será el fin de las altas especialidades médicas que tiene la Corporación; las necesidades de los trabajadores, porque ese es el hospital de los trabajadores, no son una prioridad para el gobierno”, agregó.

Los manifestantes “juraron” votar en contra a los políticos que apoyen la llamada reforma laboral.

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Gobierno tomará medidas para garantizar liquidez, afirma el secretario de Asuntos Públicos

San Juan, 17 sep (INS).- El gobierno se propone tomar medidas dirigidas a asegurar la liquidez, a la vez que trabaja en la reestructuración de parte de la deuda pública de 72 mil millones de dólares, aseguró hoy el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz.

El funcionario recalcó que para atender la situación de liquidez se han tomado medidas, como la aprobación de las notas de anticipación de contribuciones e ingresos (Trans, siglas en inglés).

Ortiz agregó que se han evaluado todas las medidas posibles para atender la situación de insuficiencia de fondos en las arcas del gobierno.

Además afirmó que el proceso de solicitar “Trans” no ha concluido y que se ha trabajado con los reintegros que debe enviar Hacienda a los contribuyentes, razón por lo que se ha demorado pues han tomado como alternativa para mantener la solvencia para no tener que cerrar el gobierno en noviembre.

En cuanto al plan de ajuste fiscal a cinco años, el secretario de Asuntos Públicos dijo a los periodistas en La Fortaleza que “es importante que el proceso pueda comenzar lo antes posible porque esas medidas no son eternas, esas medidas se han tomado en la marcha, porque no hubo acceso al mercado para la aprobación de los Trans, así que la reestructuración de la deuda es importante”.

Ortiz entiende que lo esencial para el gobierno y los acreedores sería llegar a un acuerdo que le permita a la administración cumplir con sus obligaciones de continuar los servicios, tener dinero para proyectos de infraestructura y que permita crecer la economía para la creación de empleos.

Añadió que la creación de la propuesta Junta de Control Fiscal es esencial para darle continuidad al proceso y garantía a los acreedores de que todo lo que se negoció y acordó se tienen que cumplir por el gobierno.

Ortiz informó que en las reuniones que el gobernador Alejandro García Padilla sostiene en Estados Unidos se habla sobre los próximos pasos a tomar y discuten estrategias con los bonistas.

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