El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el Dr. Carlos Díaz, reaccionó a la demanda radicada el pasado miércoles por el Departamento de Justicia contra farmacéuticas por el esquema para aumentar el precio de las insulinas.
El presidente señaló que en el 2019 se aprobó en Puerto Rico la Ley 82 para crear una oficina de fiscalización de los administradores del beneficio de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés), con la cual ya cuentan 30 estados. La misma contaba con un presupuesto de 25 millones de dólares, pero no fue aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal por el gobierno no haber justificado de dónde saldría el dinero. Las aseguradoras también se opusieron a la Ley.
Según el secretario de justicia, Domingo Emanuelli, la demanda es contra cuatro empresas farmacéuticas fabricantes de insulina y las PBM por un alegado esquema de aumentar el precio de las insulinas, el cual afecta tanto a los pacientes, como a las farmacias, sobre todo las de comunidad. Sin embargo, el problema no solo es con las insulinas sino también con otros medicamentos.
“Los PBM son contratados por las mismas aseguradoras que hemos hecho la crítica, que controlan la salud. Usan las PBM para controlar, conseguir unos beneficios para la aseguradora, no para el paciente, no para la farmacia”, añadió Díaz.
